La Cámara de Cuentas denuncia un gran descontrol en las ayudas para cursos de parados

La Cámara denuncia el uso de un procedimiento irregular sin concurrencia pública, falta de seguimiento y control de las ayudas concedidas, ya que no se controlaba en la mayoría de los casos si se hacían los cursos o no, y tampoco se averiguaba el impacto que estos tenían en la creación de empleo.

El SAE concedió entre 2009 y 2010 un total de 746 millones de euros para cursos de formación. Recuérdese que la partida 31L de ayudas sociolaborales que ha dado lugar al escándalo de los ERE sumó en diez años 721 millones de euros.

Procedimiento irregular

En el informe de la Cámara de Cuentas consta el reparto: La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) recibió 83 millones de euros; CCOO-A, 63 millones; UGT-A, 63,5 millones; y la FAFFE, 66,3 millones. En total los agentes sociales y el ente público se quedaron con el 37% de las ayudas (275,9 millones de euros). Estos perceptores asumieron el 26% (3.816) del total de los cursos para desempleados (14.679) y el 61% (9.261) de los dirigidos a ocupados (15.068). El resto de perceptores (ayuntamientos, otras instituciones y organizaciones) administraron 470,3 millones de euros. Ninguno de ellos recibió más de 3,3 millones.

La Cámara denuncia que el 89% de las subvenciones de 2009 (276 millones) y el 36% de las de 2010 (156) se entregaron mediante un procedimiento de «concurrencia no competitiva» contrario a la Ley General de Subvenciones. Es decir, sin cumplir los criterios de transparencia, igualdad, concurrencia y objetividad. La mayor parte de las ayudas a los agentes sociales se hace sin concurrencia pública, fundamentándose, según el informe, en «razones de interés público» con el objetivo de mantener, crear empleo y la productividad.

Estas subvenciones a los agentes sociales «se instrumentan a través de convenios de colaboración» y se abonan por el importe total sin necesidad de justificación previa, según acuerdos del Consejo de Gobierno, y en virtud de los artículos de los artículos 21 y 24 de las Leyes de Presupuestos de 2009 y 2010, respectivamente. El CSIF tiene recurrido a los tribunales estos convenios por considerar que vulnera los principios de libertad sindical. El TSJA dictó dos sentencias contrarias a estos acuerdos en 2005.

Entre los aspectos que denuncia la Cámara se encuentra las irregularidades en la justificación y liquidación de las subvenciones, otorgándose exoneraciones en muchos casos para que los perceptores pudieran volver a concurrir ya que la normativa lo prohibe. Más de 430 millones de euros detecta sin justificar al finalizar los años fiscalizados. La falta de justificación es seria en el caso de la FAFFE, con más de 49 millones de los recibidos sin justificar. «Parte de los cursos subvencionados no se han iniciado o están pendientes de finalizar», denuncia el informe.

La Cámara critica también la falta de seguimiento de las ayudas. En Sevilla y Málaga solamente se realizaron en 2010 visitas de seguimiento al 10% y 33% de los cursos para desempleados, respectivamente. Por otro lado, únicamente en el 19% de los expedientes revisados constan visitas de seguimiento en alguno de los cursos seleccionados de forma aleatoria por la Cámara para su fiscalización.

Otras anomalías: Dice la Cámara que no existe una planificación única y coordinada para toda la Comunidad de la oferta formativa dirigida a desempleados. Por lo que se refiere a ocupados, no consta que se realice programación. Tan solo el 11% de los cursos subvencionados en las convocatorias de 2009 y 2010 conducían a la obtención de certificados de profesionalidad.

En tres de los expedientes de desempleados revisados, los cursos subvencionados no se ajustan, en denominación, duración, modalidad y módulos económicos, al Fichero Andaluz de Especialidades.

En la mayoría de las subcontrataciones de la actividad formativa se concede la autorización por silencio administrativo. Ello puede ocasionar que el beneficiario subcontrate en supuestos no permitidos, así como la falta de comprobación por parte del órgano gestor de los requisitos previos establecidos en el artículo 29 de la LGS. De hecho, en el 85% de los expedientes con subcontrataciones no hay constancia del cumplimiento de dichas exigencias.

Aclaraciones desde Empleo

Por su parte, la Consejería de Economía difundió anoche un comunicado en el que defiende la legalidad de las ayudas otorgadas y afirma que «los informes de auditoría en general no muestran ninguna incidencia», informa Efe. En el caso particular de la FAFFE -ya extinguida-, aclara que hay en marcha una auditoría y que «si de esta investigación o de otras se derivara cualquier responsabilidad administrativa o contable, la Junta se empleará a fondo para reparar, cumplir y solucionar los problemas advertidos». Además, ha anunciado que «se incoarán los procedimientos administrativos que sean necesarios en caso de exigencia de responsabilidad contable, así como el traslado a los órganos judiciales correspondientes».